López Lone y otros contra Honduras

ccEn [noviembre de 2010], Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza visitaron nuestro país. Tirza y Guillermo, magistrada en la Audiencia y juez en el tribunal de San Pedro Sula, Honduras respectivamente, pidieron atención, entre otros a Jueces para Jueces, respecto de su despido disciplinario, entonces recién acontecido. Ambos habían participado, junto con otros dos colegas, en una manifestación contra el golpe de estado en 2009, durante el que el presidente Zelaya fue depuesto. El ‘golpe’ entonces fue excusado por muchos: Zelaya habría querido presionar por lograr un referéndum inconstitucional, que debiera de hacerle posible prorrogar su mandato. La Corte Suprema de Honduras también apoyó a los golpistas. Al fin y al cabo la toma del poder fue tildada de ilegal por la comunidad internacional.

Aparte de ser juez, Guillermo fue presidente de la asociación hondureña de jueces, Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), una función que no pudo desempeñar más a causa de su despido.

Los días 2 y 3 de febrero de este año el caso ‘López Lone y otros contra Honduras’ finalmente fue visto  ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la capital de Costa Rica, San José. Esta Corte es un órgano de la OEA, la Organización de Estados Americános, y desempeña la misión de aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ende, es el complemento latinoamericano de ‘nuestra’ corte de derechos humanos en Estrasburgo, aunque hay grandes diferencias. La diferencia más importante es que para un ciudadano es imposible presentar su caso directamente ante la Corte en San José. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, funciona como filtro. Esto lo hace tan ‘bien’, que solamente unos pocos casos al año llegan a la Corte.

Durante la sesión el caso fue presentado oralmente a la Corte por la Comisión. Cuatro expertos internacionales sobre derechos humanos, citados por los querellantes, fueron oídos. Se pararon detalladamente en la diferencia entre reglas de comportamiento imponibles por reglamento por un lado, y normas éticas más abiertas por otro. Asimismo, en la cuestión de si los derechos y libertades civiles universalmente reconocidos se aplican íntegramente a los miembros del poder judicial, o si nuestra profesión implica que debemos aguantar que se nos impongan restricciones en ellos. Los querellantes se refirieron a las ponencias de los expertos y alegaron que los procedimientos disciplinarios que habían llevado a su despido, habían sido contrarios a los principios de un proceso justo, al principio de legalidad y a su libertad de expresión y reunión.

El gobierno hondureño objetó que no le conviene a un juez tomar posición política tan explícitamente. El reglamento disciplinario prohíbe participar en manifestaciones políticas y otros comportamientos que pueden dañar el prestigio del oficio, y ellos lo tenían que observar.

Los querellantes replicaron que había sido la propia Corte Suprema la que, a su vez, había hecho un llamamiento por la red local de justicia para participar en una manifestación de apoyo a la toma de poder. Una dosis de su propia medicina, pero de mucho significado. En Honduras, como en otros países latinoameri­canos, es prácticamente imposible mantenerse al margen  del debate político. Hasta las asociaciones de jueces tienen color político. La asociación más grande del país, la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, es criticada por acercarse demasiado al gobierno y no hacer suficiente por sus miembros, por ejemplo en relación con la reciente ‘depuración’, la limpieza del poder judicial (léase: el despido o el traslado forzado de un gran número de jueces por corrupción real o ficticia – al menos no corroborada). La AJD quiere ser independiente, pero con su crítica a la política de justicia del gobierno y a los ataques de parte de éste a la independencia del poder judicial, se sitúa en el lado de la oposición.

Después de la vista oral se les dio a las partes hasta finales de marzo para presentar observaciones escritas y responder a algunas preguntas hechas por la Corte durante la sesión. Luego la Corte deliberará. Se espera la sentencia para junio de este año.

Adán Guillermo López Lone y Tirza del Carmen Flores Lanze flanqueando a Katrien Witteman en la sala de la sesión
Adán Guillermo López Lone y Tirza del Carmen Flores Lanze flanqueando a Katrien Witteman en la sala de la sesión

El hecho de que Jueces para Jueces decidiera [hacer viajar a un juez a Costa Rica] no está inspirado de ninguna manera por una falta de confianza hacia la Corte Intereamericana. La AJD había invitado a unos treinta observadores, y entre ellos, aparte de jueces Latinoamericanos, estuvieron también colegas de Alemania, España, Noruega y Dinamarca. Naturalmente, nuestra presencia allí fue una importante expresión de apoyo a los cuatro colegas Hondureños afectados, pero el tema nos toca a todos. También en los Países Bajos se está tramitando una propuesta de ley, en la que se aboga por una extensión de

la gama de medidas disciplinarias contra jueces. Es muy importante darnos cuenta que este instrumento, inocente al parecer en manos de un gobierno decente, en tiempos de endurecimiento político podría volverse contra nosotros.

Katrien Witteman
Juez de derecho penal en el tribunal de Noord-Holland

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